El 2 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto que modifica el artículo 3 de la Constitución local, lo que ha generado polémica y preocupación entre la población. La modificación establece que la propiedad privada en la Ciudad de México estará sujeta a los mismos términos que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que la propiedad privada queda reconocida, pero con la posibilidad de que el Estado imponga restricciones o expropie por causa de utilidad pública y con indemnización.
Este cambio ha llevado a que muchas personas expresen su temor de que el Estado pueda expropiar inmuebles en cualquier momento. Sin embargo, las autoridades, incluyendo al jefe de Gobierno Martí Batres, han aclarado que la reforma no elimina la propiedad privada, sino que la alinea con lo establecido a nivel federal, protegiendo tanto la propiedad privada como la pública y social.
El artículo 27 constitucional, en el cual se basa la reforma, señala que la propiedad de tierras y aguas es originalmente de la Nación, pero se permite a particulares poseer propiedades privadas bajo ciertas condiciones. También estipula que la expropiación sólo puede darse por causas de utilidad pública y con la correspondiente indemnización.
