El Tribunal Electoral de México anuló recientemente la victoria de Alessandra Rojo de la Vega, candidata de la oposición, en una contienda en Ciudad de México, tras determinar que incurrió en “violencia política de género” contra Caty Monreal, candidata del partido gobernante Morena.
Durante la campaña, Rojo de la Vega insinuó que Monreal había sido seleccionada debido a la influencia política de su padre, lo que el tribunal consideró una violación de la ley que prohíbe descalificar a una candidata basándose en estereotipos de género.
El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que decisiones como esta podrían sentar un precedente peligroso, aunque la afectada pertenezca a su propio partido.
Rojo de la Vega anunció que apelará el fallo, defendiendo que su crítica fue legítima y no una forma de violencia de género. Por su parte, Caty Monreal afirmó que insinuar que es un “títere” es un acto de violencia disfrazado de libertad de expresión.
El caso ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión en la política mexicana y sobre cómo se aplica la legislación contra la violencia de género en el contexto electoral.
