La familia de Cecilia Monzón dio a conocer que el juicio de violencia familiar contra Javier N comenzó el 17 de abril de 2024, ante el Juzgado de Oralidad penal y Ejecución de Puebla, celerando audiencias los días 17 y 18 de abril de 2024; el juicio se reanudará este miércoles 24 de abril de 2024.
Durante el inicio del juicio oral se volvió a evidenciar la voluntad dilatoria de la representación de Javier N, quien pretendía evitar el inicio del juicio oral alegando la supuesta falta de competencia de la justicia poblana; esto pese a que el crimen se cometió y denunció en el Estado de Puebla y que se trata de un delito de fuero común.
Ante esto la juez competente del Juzgado de Oralidad penal y Ejecución región judicial centro de la ciudad de Puebla, comunicó que, si bien no apreciaba la falta de competencia alegada, correspondía el traslado de Javier N al centro de impartición de justicia para la celebración del juicio oral.
En este sentido, el hecho de que Javier N esté presente físicamente en la audiencia ha supuesto que solicite a la juez todo tipo de favores, desde amenidades para su celda hasta la visita de varios familiares simultáneamente, en fecha 17 de abril de 2024.
Javier N solictió al finalizar la audiencia de 18 de abril de 2024, tras la declaración de Helena Monzón, que entrase uno de sus familiares a la sala al concluir el juicio oral que se lleva a cabo a puerta cerrada; aspecto que fue autorizado una vez que la víctima saliese de la Sala.
Saberse rodeada por la familia de Javier N en un momento de tanta vulnerabilidad, supuso elevar injustificadamente el riesgo de seguridad de Helena Monzón, así como su revictimización.
La Fiscalía General del Estado había adoptado las medidas de seguridad oportunas que permitieron a Helena Monzón salir rápidamente del centro de impartición de Justicia. Sin embargo, considerando la revictimización percibida y el riesgo de seguridad evidenciado, Helena Monzón solicitó al Juzgado seguir las próximas audiencias desde su residencia en España.
Se hace un llamado al Poder Judicial del Estado para actuar con celeridad y perspectiva de género, de forma que se eviten revictimizaciones adicionales y se vele por la seguridad de todos los intervinientes, particularmente las víctimas y su representación legal.
