La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó, con mayoría de votos, que los Congresos Estatales poseen la autoridad final para decidir sobre la homologación de las declaratorias de procedencia emitidas por la Cámara de Diputados, relacionadas con el retiro del fuero a funcionarios públicos implicados en presuntos delitos.
Este fallo surge tras un debate legal sobre las reformas constitucionales y legales en el estado de Tamaulipas, que fueron impugnadas por el Poder Ejecutivo Federal mediante una acción de inconstitucionalidad.
La ministra Margarita Ríos Farjat, quien lideró el proyecto de decisión, argumentó contra los reclamos del Ejecutivo, estableciendo que la no remoción de la inmunidad de los funcionarios locales por parte de los Congresos Estatales no afecta las facultades de persecución del delito por parte del Estado, permitiendo que las acciones legales continúen una vez que los funcionarios dejen sus cargos.
La decisión enfatiza que, en casos donde el Congreso Estatal opte por no seguir la declaratoria de la Cámara Federal, tal decisión es definitiva e inapelable, según lo estipula el artículo 84 de la Constitución Estatal.
Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa expresó su preocupación por un posible “manto de impunidad” que esta resolución podría generar, argumentando que los Congresos Locales no deberían tener la capacidad de sobreponerse a las decisiones federales en materia de desafuero.
A pesar de estas objeciones, Ríos Farjat defendió el marco legal existente, subrayando que la decisión no promueve la impunidad. La discusión también tocó puntos sobre federalismo y persecución política, destacando la importancia de la autonomía estatal en el proceso legislativo de desafuero.
