¿Qué ocurre cuando intereses ajenos se involucran en un proceso de huelga?

En México, los trabajadores tienen la libertad de decidir la necesidad o no de iniciar o mantener una huelga, pero esta libertad debe ejercerse sin presiones de la empresa, líderes sindicales, y mucho menos de personajes políticos, ya que lo que está en juego son las propias fuentes de empleo.

El derecho a huelga para los trabajadores del país está garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 123, cuya fracción XVIII, del apartado A, establece las condiciones bajo las cuales los trabajadores pueden ejercer dicho derecho; específicamente, menciona la capacidad de los empleados para suspender sus labores en defensa de sus intereses, después de haber cumplido con los requisitos establecidos.

De esta manera, los trabajadores, basándose en el principio de libertad sindical, tienen la potestad de determinar los objetivos de sus huelgas, y esta responsabilidad les ayuda a diseñar estrategias específicas para defender sus intereses profesionales. Además, les concede el poder de decidir cómo y cuándo presentar sus demandas jurídicas ante aquellos que creen que infringen sus derechos laborales.

El caso de Minera Peñasquito: Una larga y costosa negociación

La semana pasada, y tras casi cuatro meses de paro laboral, Minera Peñasquito y el Sindicato Nacimiento de Trabajadores Mineros llegaron a un acuerdo, mediado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que permite que 2 mil trabajadores regresen a sus labores, pero ¿cuál es el impacto de situaciones de esta naturaleza?

De acuerdo con la información documentada en diversos medios, como El Economista, la huelga comenzó el 12 de mayo de 2023, impulsada por el Sindicato Minero, aludiendo al incumplimiento por parte de la empresa subsidiaria de Newmont Corporation, ubicada en Zacatecas. El tema central fue la falta del pago de utilidades.

En un comunicado oficial, se destacó que en la negociación los sindicalizados consiguieron un incremento salarial del 8 por ciento, así como un bono y Reparto de Utilidades para el 2024. El acuerdo concluyente fue firmado el 3 de octubre de 2023 en la STPS.

Sin embargo, el largo paro de labores significa para la empresa una pérdida de 562 millones de dólares por lo que se anticipa una reducción del 25 por ciento de su producción, lo que se traduce, para Peñasquito, el 13% del Producto Interno Bruto regional.

La situación obligará, sin duda, a la Minera a tomar decisiones que garanticen una recuperación económica para la preservación de los empleos.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 se registraron 15 huelgas solo en jurisdicción local. La STPS informó que en el año anterior hubo dos huelgas, excluyendo conflictos en 21 estados que adoptaron el nuevo modelo de justicia laboral.


Estados Unidos: Pérdidas de empleos en Ford Motor

En el país vecino, este fin de semana Ford Motor anunció el despido de 495 trabajadores en Ohio y Michigan debido a la huelga del sindicato United Auto Workers (UAW) en dos plantas de montaje.

Con estos despidos, Ford suma mil 800 empleados afectados directamente por la situación. Adicionalmente, 7 mil 900 empleados de Ford están actualmente en huelga. Con la tensión laboral, el UAW decidió no extender la huelga a otras instalaciones. ¿Querríamos una situación similar en México?

Conciliación entre el derecho a la huelga y la preservación de empleos

El derecho a huelga, considerado en la Constitución Política de México y reglamentado por la LFT, busca equilibrar los intereses de trabajadores y empleadores, y esto es esencial principalmente por estas razones:

  • Equilibrio laboral y económico: La huelga es una medida de presión de los trabajadores para reivindicar sus derechos y mejorar sus condiciones. Sin embargo, un prolongado cese de actividades puede afectar la salud financiera de la empresa, lo que a largo plazo podría traducirse en pérdidas de empleo. La conciliación busca un punto medio donde ambas partes se beneficien.

    Continuidad productiva: Las empresas en México, como en cualquier parte del mundo, compiten en mercados cada vez más globalizados. Las interrupciones prolongadas en la producción son pérdidas económicas significativas, que implican disminución de la competitividad y, en un caso extremo, la quiebra del negocio.

    Bienestar laboral: Si bien el derecho a huelga es fundamental, la pérdida de ingresos durante el tiempo de negociación puede afectar la economía familiar de la base trabajadora. Mantener un principio de conciliación contribuye en obtener acuerdos más rápidos, evitando periodos extensos sin salarios.

Estas son sólo algunos puntos que obligan a los trabajadores conocer el alcance de su derecho a la huelga, y la responsabilidad que esta decisión conlleva, a fin de que tomen decisiones informadas, y se aseguren de blindar cualquier movimiento legítimo de la posible injerencia de intereses externos.

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