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Un auditor federal de Estados Unidos (EU) investiga si la Administración para el Control de Drogas (DEA) bajo la dirección de Anne Milgram otorgó indebidamente contratos millonarios por adjudicación directa a sus antiguos colaboradores.
De los contratos de la DEA que investiga la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de EU uno es por 4.7 millones de dólares para realizar “planeación y comunicación estratégica” y así reclutar a personas que Milgram conoció cuando era fiscal general de Nueva Jersey y profesora de derecho de la Universidad de Nueva York (a un costo que excede por mucho los pagos a funcionarios públicos).
Al menos una docena de personas han sido beneficiadas con esos contratos, incluidos algunos del círculo cercano de la directora de la DEA y quienes manejan inteligencia, análisis de datos, servicios comunitarios y relaciones públicas. Estos trabajos regularmente requieren autorizaciones especiales de seguridad y que suelen desempeñar los 9 000 empleados de la propia DEA.
También se investiga un pago por 1.4 millones de dólares a un despacho de abogados de Washington por un análisis reciente de las operaciones de la DEA en el extranjero, criticado ampliamente por desestimar casos de mala conducta de agentes y cómo prevenirlos.
El análisis fue hecho por Boyd Johnson quien es mano derecha de Preet Bharara, uno de los amigos más cercanos de Anne Milgram, cuando fue el fiscal federal de Nueva York. El propio Bharara obtuvo un puesto en el despacho WilmerHale al mismo tiempo que se realizaba la revisión.
Con información de AP
