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Un juez federal determinó vincular a proceso a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, por el delito de delincuencia organizada.
Roberto Borge Angulo permanece recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos.
El 5 de enero de 2019, el exmandatario había sido vinculado a proceso por el delito de desvío de más de 900 millones de pesos al erario con la ayuda de familiares, amistades, un abogado y una funcionaria.
Las investigaciones en su contra incluyeron elementos para demostrar su presunta responsabilidad en el remate de al menos 22 predios que formaban parte de una reserva natural.
Los terrenos fueron adquiridos durante la administración de Borge por 238 millones 790 mil 121,98 pesos, aunque su precio real era de mil 138 millones 889 mil 540 pesos, lo que significó un quebranto al patrimonio de Quintana Roo por 900 millones 99 mil 418 pesos.
¿Cómo operaba según la Fiscalía?
La red de corrupción utilizada en estas operaciones involucró a diversas empresas fantasma como Estemar del Caribe, Ruta Náutica, Caracol 65, Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe y Syenat del Caribe. Al menos una de estas entidades tenía como representante legal al abogado de la familia Borge Angulo, César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien también se desempeñó como administrador de Caracol 65 S.A. de C.V. y Syenat del Caribe S.A. de C.V.
González Hermosillo y Melgarejo fue detenido el 14 de julio de 2017 y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, en 2020 un Tribunal Federal le otorgó una suspensión provisional para modificar la medida cautelar impuesta en su contra, por lo que enfrenta su proceso en libertad.
María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre de Borge en su momento, también se benefició de la compra de terrenos a bajo costo. Además, elementos de la Fiscalía General de la República señalaron que Claudia Romanillos Villanueva, exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, también estaría involucrada en la red de corrupción y continúa prófuga de la justicia con una orden de aprehensión vigente por el delito de lavado de dinero.
Con información de Infobae
