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La Secretaría de Economía (SE) mantiene su postura de no realizar una consulta indígena en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, para que la comunidad decida sobre el futuro de la explotación minera en su territorio, indicó Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión y encargado del Proyecto Ixtaca.
El representante de la empresa minera aseguró que la negativa de la SE violenta el derecho a una consulta previa, libre e informada cuando se toman decisiones sobre su territorio.
En entrevista radiofónica con Dario Celis, indicó que de no realizarse dicho ejercicio se perdería una inversión de mil 174 millones de pesos para beneficio del municipio compuesto por 12 comunidades.
“La Secretaría de Economía, como cabeza de sector es la que está violentando un derecho humano fundamental que en este caso es el derecho a la consulta”.
“Es la propia Secretaría de Economía la que está frenando la inversión de más de mil millones de dólares operativos durante 14 años y 174 millones de dólares para un proyecto”.
La nueva encargada de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro, no ha efectuado los mecanismos necesarios para reintegrar el retiro de dos títulos para proyectos en el municipio de Ixtacamaxtitlán.
Esto después de que no se acató la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del 16 de febrero de 2022, de realizar una consulta índigena en el municipio de Ixtacamaxtitlán para reintegrar sendas concesiones, las cuales había declarado insubsistentes.
Santamaría añadió que la Secretaría de Economía también estaría incumpliendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se estipulan los derechos de los pueblos originarios
Santamaría deploró que la minera llegó a la región hace 20 años y que hasta ahora no han podido ser reintegradas las concesiones, pese a cumplir con todos los requisitos.
“Estas concesiones fueron dadas con total apego a un proceso legal hace más de 20 años, con todas las regulaciones posibles”.
Acusó que la SE está negando realizar una consulta en la región norte de la Puebla para que todas las comunidades puedan decidir si desean o no que Minera Gorrión siga manteniendo sus operaciones en la entidad.
El entrevistado indicó que está determinación de SE no da certeza jurídica para la inversión en México.
“La incertidumbre que está decisión genera, para la industria, para la industria minera, pero sobre todo para México. No existe obviamente un régimen de garantías ni de seguridad jurídica para las concesiones mineras en este momento”.
La cancelación de proyectos de exploración afecta al desarrollo económico y social de las comunidades donde se lleva a cabo la actividad, siendo la minería la única fuente de empleo para sus habitantes.
No obstante, de forma injustificada la Secretaría de Economía notificó a Minera Gorrión la decisión de no considerar factible la emisión de los títulos de concesión.
Los ejercicios de consulta constituyen oportunidades para avanzar en la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades de las personas.
