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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional contra el primer paquete del Plan B de la reforma electoral, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
La impugnación del INE va dirigida a las leyes generales de Comunicación Social (LGCS) y de Responsabilidades Administrativas, las cuales se suman a los cinco recursos de inconstitucionalidad presentados el mes pasado por los partidos políticos de oposición.
En cuanto a la controversia presentada por el INE, el órgano electoral mexicano argumentó una posible violación a sus facultades legales, establecidas en la Constitución.
“Producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”.
Además del recurso presentado por el INE, la Corte también admitió a trámite la controversia constitucional en contra de la reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, presentada por el municipio de Chihuahua, no obstante, Pérez Dayán resolvió no otorgar la suspensión provisional que el ayuntamiento solicitó.
En el paquete de impugnaciones presentadas el mes pasado por el bloque opositor, la Suprema Corte decidió suspender de manera provisional la aplicación de las reformas ya citadas en el Estado de México y Coahuila, pues en esas entidades hay procesos electorales en marcha.
Propaganda que no será propaganda
Con los cambios del Plan B a la Ley General de Comunicación Social permiten a servidores públicos se manifiesten de manera pública (promoción de sus logros) “en uso de su libertad de expresión” y en el ejercicio de sus labores sin que sus pronunciamientos sean considerados propaganda gubernamental.
Es decir, la promoción e información sobre funcionarios, programas, obras y otras acciones relevantes para la población no es considerada “propaganda”, sino una “campaña de comunicación social”.
La crítica de la oposición es que con estos cambios, los gobiernos al mando de morena podrán hacer campaña de manera abierta para favorecer a su partido aún en periodos electorales.
Con información de Infobae
