La Compañía de Jesús decidió reforzar con tres sacerdotes más su presencia en el norte de México donde hace más de siete meses fueron asesinados dos jesuitas sin que aún se haya detenido al presunto responsable del hecho, lo que llevó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a otorgar medidas cautelares a los religiosos.
Tres sacerdotes se incorporaron el mes pasado a la parroquia religiosa de de Cerocahui, estado de Chihuahua, donde quedaron dos jesuitas luego de los asesinatos a mediados del año pasado de Javier Campos y Joaquín Mora, ambos miembros de la Compañía de Jesús.
El sacerdote Javier Ávila, integrante de la congregación y presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos declaró, “Por supuesto que no nos vamos a ir. Nuestro compromiso es con la gente”.
Desde que el ataque en junio pasado en el que también murió el guía turístico Pedro Palma, el gobierno federal envió un grupo de la Guardia Nacional a Cerocahui para resguardar a los dos sacerdotes que sobrevivieron, quienes desde esa fecha salen a las calles escoltados por los militares.
Pese a que tienen seguridad militar, Ávila reconoció que entre los miembros de la comunidad religiosa persiste el temor porque el presunto responsable de las muertes, José Portillo Gil, alias “El Chueco”, líder de una organización criminal, aún no ha sido detenido.
Ante la situación de inseguridad que enfrentan los religiosos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos solicitaron a la CIDH medidas cautelares para la comunidad que se emitieron el 22 de enero y que se notificaron al Estado mexicano cinco días después.
Con información de AP
