El sector eléctrico en México está sumido en la incertidumbre; especialistas de AP analizan el tema:
El Congreso somete a votación este domingo una reforma constitucional que podría echar por tierra la apertura del mercado que se registró en 2013.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quiere devolver el poder a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE), que genera energía sucia, en detrimento de las empresas privadas, que tienen una mayor apuesta por las renovables y el gas natural.
Ya existe una ley en este sentido, pero como ha sido recurrida en los tribunales ahora López Obrador intenta consolidar los cambios mediante una reforma constitucional que tiene pocas posibilidades de prosperar pero que, según alertan sus críticos, solo generará más litigios y menos inversiones.
¿Cómo se manejaba antes el sector eléctrico?
Durante décadas, la CFE era la única que podía comercializar electricidad. Primero se permitió a privados generar energía para su autoabastecimiento, que era incentivado en el caso de las energías renovables.
Luego, con la reforma de 2013, se liberalizó la generación y venta de electricidad para los grandes usuarios, aunque la CFE mantuvo el monopolio en distribución y en venta a particulares.
El gobierno construyó gasoductos para importar gas natural de Estados Unidos y hubo un auge en las inversiones porque la CFE abría convocatorias para comprar electricidad a empresas privadas.
¿Qué propuso López Obrador?
El presidente dijo que la reforma de 2013 dejaba la puerta abierta a la corrupción y a la privatización de la CFE.
Argumenta que las compañías privadas, y se beneficiaron de contratos, según él, fraudulentos.
La realidad es que las energéticas privadas utilizaron muchos vericuetos y vacíos de la ley y pudieron tener demasiados incentivos, como que el Estado no les cobrara por la utilización de las redes de distribución, que son de la CFE. En consecuencia, la estatal perdió cuota de mercado.
López Obrador no quería que la CFE perdiera más dinero y propuso una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en 2021, que garantizara al Estado la generación de al menos 54% de la electricidad que necesita el mercado.
¿Cuáles son los cambios significativos?
La normativa establece que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas gubernamentales, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda, la cubrirán las plantas privadas de energía renovable y gas natural.
Se intentó que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley, pero aunque la mayoría de sus integrantes estaba a favor no alcanzaron la mayoría necesaria para hacerlo.
Dado que la Ley de la Industria Eléctrica está parcialmente inoperativa, el gobierno propuso una reforma constitucional exactamente en esa misma línea que consolidaría la rectoría de la CFE y las compañías estatales sobre el mercado energético.
Es muy difícil que tal reforma prospere porque Morena, el partido de López Obrador, y sus aliados no tienen la mayoría cualificada. Este domingo se votará la ley en el pleno de la Cámara de Diputados, pero la controversia se enfoca a la advertencia del gobierno de Estados Unidos sobre supuestas violaciones al T-MEC.
¿Qué más hay en juego?
En la reforma constitucional el gobierno se incluyó que el litio se considerara un mineral estratégico que sólo puede explotar el gobierno. Si los cambios a la Carta Magna no prosperan, el presidente anunció que, al día siguiente, enviará una propuesta de ley ordinaria —para cuya aprobación su partido y aliados sí tienen mayoría— en ese mismo sentido.
Información de AP
