Seis meses después de que la Suprema Corte de Justicia de México dictaminó que era inconstitucional penalizar el aborto, médicos del estado sureño de Guerrero se negaron a interrumpir el embarazo de una víctima de violación de nueve años.
El caso es el más reciente ejemplo de lo que los defensores del aborto habían advertido después de la histórica decisión judicial: hasta que cada uno de los estados no reforme sus códigos penales, seguirán existiendo obstáculos significativos para el acceso a abortos seguros y legales.
Fue sólo después de que el caso trascendió a los medios, legisladores estatales, activistas y autoridades sanitarias se involucraron para que la niña recibiera asistencia médica para la interrupción de su embarazo.
Guerrero es uno de los 26 estado de México donde aún no se ha acatado la sentencia de la Corte ni se ha avanzado en la aprobación en el Congreso de la reforma del Código Penal estatal para despenalizar el aborto.
La grave situación que enfrenta Guerrero fue alertada recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que informó que entre enero y noviembre de 2021 se reportaron 16 feminicidios y 112 homicidios dolosos, y en enero pasado ocurrieron cuatro muertes violentas de mujeres. Activistas también han documentado casos similares en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otros.
De acuerdo con datos de enero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guerrero estuvo entre los diez primeros estados con la mayor cantidad de casos de homicidio de mujeres, superado sólo por Guanajuato, Yucatán, Baja California, México y Chihuahua.
Con información de AP
