Un juez federal dictaminó que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de usar la orden de salud pública para expulsar a migrantes detenidos en la frontera con México.
El juez de distrito Emmet Sullivan dio al gobierno dos semanas para detener la práctica que, según los opositores, es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el Covid-19.
Sullivan concedió un interdicto preliminar a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros a nombre de las familias migrantes.
El juez dijo que era probable que tuvieran éxito en su impugnación al uso de la ley de salud pública conocida como Título 42.
“El presidente (Joe) Biden debería haber puesto fin a esta política cruel e ilegal hace tiempo, y el tribunal ha hecho bien en rechazarla hoy”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El gobierno del presidente Joe Biden estaba evaluando el fallo y no tenía comentarios inmediatos sobre si piensa apelar.
El Título 42 fue aplicado al comenzar la pandemia presuntamente para ayudar a controlar la propagación del coronavirus entre los migrantes detectados por la Patrulla Fronteriza.
Los opositores dicen que no existe un fundamento legítimo de salud pública, ni autoridad legal, para privar a la gente de su derecho a solicitar protección en Estados Unidos.
El juez dijo en su sentencia que el uso del Título 42 en este caso es “probablemente ilegal” y también innecesario actualmente, dado el avance de la vacunación.
Con información de AP
