Intoxicados por el dogmatismo de la “corrección política”, la mayoría de los medios de comunicación en México no dudaron en difundir falazmente la muerte de Victoria Salazar—una migrante salvadoreña detenida por encontrarse escandalizando en estado inconveniente—como “feminicidio”, pese haber sido asesinada de manera imprudencial por otra mujer; esto es, por una oficial de policía de Tulum.
Aunque este crimen no deja de presentarse como indignante y atroz por cuanto refleja la falta de profesionalismo de quienes deberían de estar preparados para servir a la ciudadanía en estos casos—esperando que la oficial Verónica V. reciba la pena que por justicia le corresponde como responsable—no deja de ser menos indignante la distorsión dolosa de una tragedia como esta con tal de sumar una víctima a un discurso ideológico.
De hecho, las declaraciones por parte de ONU Mujeres y de las organizaciones feministas llaman la atención por señalar como responsables de “feminicidio” a cuatro oficiales de policía, pero nunca a la mujer que cometió este asesinato. Y es aquí en donde a la afrenta de una muerte injustificable se suma también la indignación por la manipulación de los hechos en torno a la misma.
Aún sabiendo que el crimen cometido por la mujer policía estuvo muy lejos de ser perpetrado “por el simple hecho de ser mujer” o por un odio irracional e incontenible contra otras mujeres, no deja de sorprender el afán de tipificar la muerte de Victoria como “feminicidio”; de tal modo que cuando la culpable apele la sentencia, ya que la Fiscalía no podrá probar que hubo un asesinato por “motivos de género”—dada la etiqueta automática y demagógica con la se acusa cualquier muerte en casos como este, aunque sea falso—la responsable de este delito saldrá en libertad sin purgar la pena correspondiente a un homicidio culposo, por ineptitud, que fue lo que realmente sucedió.
En este caso, son los titulares de las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad públicaquienes deberían de ser castigados: por omisión, al no garantizar los controles de preparación suficiente de quienes integran sus fuerzas policiales; y por incompetentes, al viciar un proceso penal con una figura jurídica falsa—intentando cargarle 60 años de cárcel a la responsable—con tal de lavarse las manos ante la opinión pública, en vez de cumplir con la Justicia.
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