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Durante los últimos cinco años, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha estado en desacuerdo con la realización y publicación de una auditoría llevada a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Esta auditoría, que examina la gestión del Infonavit durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, fue bloqueada por un amparo legal obtenido por el instituto en diciembre de 2018.
Este evento ocurrió justo antes del nombramiento de Carlos Martínez Velázquez como director actual de Infonavit.
Martínez Velázquez, aunque parte de la administración actual, ha mantenido la posición de que el Infonavit no forma parte de la administración pública y maneja solo contribuciones privadas de trabajadores.
En noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo del Infonavit, confirmando así la autoridad de la ASF para auditar al Instituto. Sin embargo, el Infonavit presentó un nuevo amparo en noviembre de 2022, desafiando la elaboración, publicación y notificación del informe de auditoría, que en 2017 expuso daños por 3 mil 240 millones de pesos.
El 12 de diciembre, un juez admitió la demanda del Infonavit pero se negó a suspender los efectos del informe de la Auditoría.
Los hallazgos de la ASF incluyen irregularidades financieras significativas en la gestión de David Penchyna, como pagos indebidos a varias empresas y el uso de fondos para fines no comprobados, lo que resultó en un daño económico considerable para el Instituto.
