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Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se dijeron insatisfechos tras una reunión con autoridades judiciales, mientras que se mantendrán en protesta en un campamento instalado frente al Campo Militar 1 en la Ciudad de México.
“No nos vamos satisfechos, lo que hubiéramos querido es que hubiera un compromiso más puntual del Consejo de la Judicatura (CJF), pero sabemos de sus limitaciones, sabemos de los alcances que tienen”, señaló Vidaulfo Rosales, el abogado de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero.
La reunión de una comitiva de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, liderada por Rosales, con el CJF, órgano administrativo del Poder Judicial, que encabezó el consejero Bernardo Bátiz, duró más de dos horas.
Las principales demandas a las autoridades judiciales se centraron en la participación de las Fuerzas Armadas en 2014, un hecho que ha calificado el propio Gobierno como “un crimen de Estado”, en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército.
En un primer punto, detalló Rosales al salir de la reunión, se reprochó que un juez federal aprobara la solicitud de la defensa legal de 14 militares detenidos en este caso para interrogar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, y al exfiscal Omar Gómez Trejo.
Dijo que esta acción es contraria al principio de “inmunidad diplomática”, por lo que ya han ingresado un amparo judicial por este punto en el proceso, pues ningún integrante de la Comisión para la verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) puede ser citado.
“Socava las facultades del ministerio público y medra también el mecanismo transicional como el de la Comisión de la Verdad, pone en riesgo la cooperación internacional”, comentó.
También se cuestionó la liberación de uno de los 14 militares relacionados con el caso el 23 de agosto, así como que abordaron el amparo promovido contra la negativa de las Fuerzas Armadas por entregar “información relevante” sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos hace nueve años.
Solicitaron al CJF concentrar los más de 30 procesos legales que se llevan en distintos juzgados del país, al encontrarse diversos criterios, incluso encontrados.
Con información de EFE
