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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha concluido su labor en el emblemático Caso Ayotzinapa después de ocho años de investigaciones.
Durante este periodo, el grupo de expertos ha arrojado luz sobre una de las tragedias más dolorosas de México, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en 2014.
Su último informe de investigaciones dejó al descubierto la preocupante implicación de las Fuerzas Armadas y diversas corporaciones de seguridad en este suceso.
Desde el inicio de su colaboración en el caso, el GIEI enfrentó múltiples obstáculos en su búsqueda de la verdad. Las autoridades negaron acceso a las grabaciones de las cámaras del sistema Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4) en Iguala, y solo entregaron fragmentos editados de videos captados en la salida a Taxco. Esto dificultó su labor de esclarecer los hechos.
El informe presentado por el GIEI destaca la participación del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ahora Centro Nacional de Inteligencia, en la tragedia. No solo ocultaron su conocimiento de lo ocurrido esa fatídica noche, sino que también se comprobó la implicación de agentes del Cisen en actos de tortura junto con miembros de otras instituciones.
Otra institución señalada en el documento del GIEI es la Secretaría de Marina (Semar). Aunque en su momento dijeron que su participación se limitó a proporcionar seguridad perimetral y búsqueda de restos humanos en el Río San Juan, se reveló que ocultaron la mayoría de sus operaciones, incluyendo el despliegue de drones y acciones durante diversas capturas.
Las investigaciones demostraron que la Marina capturó a varios presuntos criminales después de la desaparición de los normalistas y los trasladó a sus instalaciones en la Ciudad de México, donde fueron sometidos a torturas para obtener declaraciones forzadas.
En su informe, el GIEI también apuntó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por su secretismo, omisión y presunta vinculación con el crimen organizado. Se recuperó una orden emitida desde la Comandancia de la IX Región Militar para recopilar información y fotografías sobre las movilizaciones de estudiantes antes de la desaparición de los normalistas. Además, hubo una repentina interrupción en la secuencia de comunicaciones del personal militar en el momento exacto de los acontecimientos.
La retirada del GIEI deja en incertidumbre las investigaciones del caso y pone de manifiesto las dificultades y desconfianzas en la colaboración con el gobierno actual.
