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La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México ha ofrecido una actualización en el caso de corrupción en el sector de bienes raíces en la alcaldía de Benito Juárez. Según las denuncias presentadas por ciudadanos y empresarios de la industria de la construcción, se ha establecido una amplia red de vínculos y un modus operandi por parte de funcionarios de la alcaldía que podrían haberse aprovechado de sus cargos para extorsionar a las víctimas.
Después de recibir una denuncia, el Ministerio Público inició una investigación por los posibles delitos de ejercicio ilegal de servicio público y extorsión. Una víctima refirió que se presentó en la ventanilla única de la alcaldía con la intención de presentar una manifestación de construcción en 2022, pero le informaron que necesitaba realizar un pago de 82,500 pesos para solucionar el trámite.
Otra víctima hizo saber a la fiscalía que en 2019 fue notificada por la alcaldía que para dar trámite a una manifestación de construcción, un empleado llamado Césarene le exigió un pago de 25 a 30 mil pesos por cada unidad o departamento del inmueble a construir. Durante la investigación, se pudo confirmar la participación de César y Elvia, quien fungía como enlace, en la extorsión de los recursos económicos para la autorización de obras civiles.
La fiscalía llevó a cabo técnicas de investigación, incluyendo vigilancia y seguimiento, y logró confirmar el modus operandi de estas personas para obtener despojos económicos a cambio de autorizaciones para obras, en este caso para la construcción de oficinas en una colonia de la alcaldía de Benito Juárez.
