Un error exponer a la presidenta a partir de información falsa que le ofrecen sus colaboradores.
Así en febrero, recordemos que la presidenta aludía a un barco como responsable del derrame de petróleo en el Golfo de México. Esto, estamos hablando de marzo y decía que ese era el origen de el energético fugado. En abril tuvo que reconocer el Gobierno que el derrame había empezado en febrero, que era considerablemente mayor a lo que se había señalado y además su origen eran unos ductos de Pemex.
Semanas después, el Gobierno tuvo que remover al director Víctor Rodríguez Padilla, sin aclarar su responsabilidad en los hechos.
A la presidenta Sheinbaum también se le llevó a afirmar que el FBI había sido el responsable del operativo mediante el cual se secuestró al Mayo Zambada y fue trasladado a Estados Unidos, entregado a las autoridades de la DEA, esto hace 2 años.
A partir de esa información, la presidenta acusó de mentiroso al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.
A la presidenta no se le dijo que el piloto que había llevado a El Mayo había estado en cárcel y en poder de la Fiscalía General de la República, y tampoco se le dijo que el piloto fue entregado a las autoridades norteamericanas en este paquete de entregas de narcotraficantes Fast Tracker; entrega, por cierto, ilegal.
Ahora lo que vemos es que la presidenta es rehén de la mentira de la cual fue objeto por sus subordinados. Un testigo de la mayor relevancia, que es el piloto, fue entregado a las autoridades norteamericanas, ni siquiera fue declarado. Días después vendrá la renuncia de Ulises Lara, el subprocurador, sin embargo, tampoco se dijo cuáles fueron las razones de su remoción.
Ahora la presidenta dice que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no incurrió en nada indebido a partir de la información periodística que revelaba que estaba acordando con autoridades norteamericanas la entrega de información sensible en materia de seguridad, a cambio que se le regresara su visa y eventualmente evitar un proceso de extradición en su contra.
La presidenta prácticamente se comprometió a una versión que al día siguiente habría de ser desmentida. La presidenta dijo que ni siquiera podía probarse que la gobernadora hubiera hablado con autoridad alguna. Al día siguiente, una nueva grabación desmiente a la gobernadora. Efectivamente, estuvo negociando con autoridades norteamericanas información a cambio de impunidad.
La presidenta debe reconsiderar su presencia en los medios de comunicación y sobre todo revisar muy a fondo el formato de La Mañanera.
