El panorama judicial de la familia Álvarez Puga registra nuevas determinaciones en los tribunales federales. Un juez de control dictó la vinculación a proceso de Alejandro N debido a su posible participación en el delito de defraudación fiscal por un monto exacto de 4 millones 618 mil 798 pesos.
Asimismo, el impartidor de justicia dictó la medida cautelar de prisión preventiva y determinó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación complementaria. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal (MPF) aportó los datos de prueba contundentes para que la autoridad judicial otorgara dicha resolución.
Detención en Quintana Roo y origen del caso fiscal
La captura del imputado se efectuó el fin de semana pasado. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), cumplimentaron el mandamiento judicial correspondiente en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
Posteriormente, durante la audiencia respectiva, el trabajo del MPF adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) permitió obtener las medidas restrictivas mencionadas. Con estas acciones, la autoridad continuará con el proceso legal conducente para definir la situación jurídica del detenido.
De acuerdo con el expediente oficial, Alejandro N era requerido por la justicia federal debido a posibles hechos relacionados con la omisión del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Dicha irregularidad administrativa corresponde específicamente al ejercicio fiscal del año 2016, lo que generó un perjuicio directo al fisco federal.
FGR aclara independencia del caso frente a Víctor Álvarez e Inés Gómez Mont
Alejandro N es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont. Ambos personajes enfrentan actualmente un procedimiento de extradición en Estados Unidos por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la FGR reiteró de manera tajante que el caso de Alejandro no tiene relación alguna con los expedientes de sus familiares.
Por su parte, la Fiscalía apuntó que, en cuanto a Víctor Álvarez Puga, este fue detenido con fines migratorios en septiembre de 2025. Su próxima audiencia en la Unión Americana se encuentra programada para el mes de noviembre de 2026.
En consecuencia, el gobierno de Estados Unidos le concedió la libertad condicional mediante el pago de una fianza y la colocación obligatoria de un dispositivo electrónico de geolocalización. Paralelamente, la FGR continúa fortaleciendo la petición formal de extradición a fin de acreditar los diversos factores normativos que solicita la autoridad estadounidense.
El fraude de las empresas factureras desde 2021
Respecto a la conductora Inés Gómez Mont, la corporación federal agregó que también se presentó formalmente la solicitud de detención provisional con fines de extradición en su contra. De la misma manera que ocurre con su cónyuge, el Departamento de Justicia del vecino país del norte informó que la FGR deberá presentar la petición formal final. La institución ministerial mexicana continúa trabajando en dicho expediente para cumplir con cada uno de los elementos exigidos.
En este asunto penal paralelo, un juez federal libró desde el año 2021 una orden de captura en contra de los integrantes de una red de empresas factureras. Estas razones sociales operaban de forma irregular, ya que estaban reportadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como existentes, pero solo operaban en el papel.
A través de este esquema delictivo, la red defraudó al fisco por más de 2 mil 900 millones de pesos. Por lo tanto, el mandamiento judicial ordena la aprehensión de la pareja por lavado de dinero y delincuencia organizada. Fuentes de la FGR confirmaron que, desde 2021, Inés Gómez Mont y su esposo se encuentran prófugos de la justicia, acumulando al menos cuatro órdenes de aprehensión vigentes en su contra.
