La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó la detención de Harold N. Las autoridades identifican al capturado como el presunto responsable del asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz. La víctima destacó en la región como líder social y férreo opositor al proyecto hidroeléctrico La Parota. Asimismo, el activista se desempeñaba como dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).
De acuerdo con el reporte oficial de la fiscalía guerrerense, la captura ocurrió en el municipio de Acapulco. Agentes de la Policía Investigadora Ministerial encabezaron un operativo estratégico para lograr el arresto. En el despliegue también participaron elementos de la Policía Estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) respaldaron las acciones en la zona.
El ataque ocurrió en las inmediaciones de playa Icacos
Según las investigaciones ministeriales, Harold N enfrenta cargos por los hechos violentos ocurridos el 18 de abril de 2025. El sospechoso presuntamente accionó un arma de fuego contra Suástegui Muñoz en las inmediaciones de playa Icacos. El líder social resultó gravemente herido durante la agresión armada. Posteriormente, el activista falleció el 26 de abril de ese mismo año mientras recibía atención médica especializada en un hospital.
Marco Antonio Suástegui encabezó durante años la resistencia comunitaria contra la construcción de la presa La Parota. En sus últimos años de vida, representó a la organización Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de Playa Icacos (TUDERPI). Desde esa plataforma, el dirigente denunció de forma constante presuntos actos de extorsión. Estos delitos afectaban directamente a los prestadores de servicios turísticos en la zona costera.
Exigen indagar redes de extorsión tras el crimen del activista
Tras el homicidio del defensor, diversas organizaciones civiles de derechos humanos exigieron una investigación integral del caso de forma inmediata. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, fijó su postura sobre el avance del caso. El activista sostuvo recientemente que las autoridades ministeriales deben profundizar las indagatorias sobre las redes de extorsión en playa Icacos.
“Las autoridades deben analizar posibles vínculos con dirigentes detenidos recientemente por fuerzas federales”, argumentó Barrera Hernández en su declaración pública.
La fiscalía estatal informó que los agentes pusieron al detenido a disposición del juez de Control correspondiente. Esta autoridad judicial emitió originalmente la orden de aprehensión. El juzgador determinará la situación jurídica del imputado en las próximas horas conforme a derecho.
