La Secretaría de Marina (Semar) aseguró un cargamento de mil 360 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína en las costas de Guerrero. El hallazgo se realizó durante tareas de patrullaje y vigilancia marítima en el Pacífico mexicano, específicamente en la franja costera cercana a la localidad de Boca Chica, en el municipio de Técpan de Galeana. Durante el operativo no se reportaron personas detenidas.
Un comunicado conjunto emitido por la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la materia decomisada se encontraba distribuida en 29 bultos. De acuerdo con las estimaciones de las autoridades fiscales y de seguridad, el valor financiero del cargamento asciende a 283 millones de pesos, volumen con el que se podrían elaborar aproximadamente 2.6 millones de dosis.
Traslado e investigación del decomiso
Una unidad aérea de la Armada de México se encargó de transportar los bultos asegurados hacia el puerto de Acapulco. Los elementos materiales quedaron a disposición de la SSPC y de la FGR, instituciones que iniciarán la investigación correspondiente y determinarán el peso ministerial definitivo del cargamento.
Este aseguramiento se sumará al balance oficial de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual comenzó en octubre de 2024. Hasta la fecha, las autoridades federales registran más de 71 toneladas de cocaína decomisadas en entornos marítimos.
Contexto de la relación bilateral en seguridad
El decomiso ocurre en un escenario de exigencias por parte del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien solicita un incremento en las acciones operativas contra el narcotráfico en México. Esta postura ha generado un aumento en las tensiones políticas y operativas entre los Gobiernos de ambos países en materia de seguridad fronteriza y combate a las organizaciones criminales.
Los canales diplomáticos y de seguridad atraviesan un periodo complejo tras la presentación de una acusación formal por parte del Departamento de Justicia estadounidense. Dicho procedimiento señala a diez altos funcionarios del estado de Sinaloa, entre los que se incluye al gobernador Rubén Rocha Moya, por supuestos delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego. Ante esto, la administración mexicana manifestó que los señalamientos requieren el sustento de pruebas materiales para iniciar cualquier procedimiento legal formal.
