La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció que la Casa Blanca propuso la implementación de aranceles de al menos 10 por ciento para decenas de socios comerciales, afectando de manera directa a México y Canadá. La medida se planteó tras concluir una investigación sobre presuntos casos de trabajo forzado.
El informe técnico detalla que naciones como Canadá, México, Taiwán y el Reino Unido enfrentarían el gravamen del 10 por ciento debido a presuntas fallas estructurales al momento de aplicar prohibiciones a la importación de bienes vinculados a la explotación laboral. Por otro lado, economías de gran escala como China, India, Japón, Corea del Sur, Brasil y Suiza estarían sujetas a una tasa impositiva mayor, fijada en el 12.5 por ciento.
La oficina comercial estadounidense argumentó que asignó los porcentajes más bajos a los países que mantienen un compromiso o prohibición explícita sobre mercancías elaboradas bajo esquemas de mano de obra forzada. En contraste, los castigos arancelarios más altos se dirigirán a los gobiernos que no han impuesto ni aplicado con eficacia dichas restricciones en sus aduanas.
El retorno de la estrategia comercial de Trump
Esta propuesta representa un movimiento clave dentro de la agenda de Donald Trump para reinstaurar los aranceles país por país que promovió en su primer mandato, antes de que los tribunales federales los declararan inconstitucionales. En esta ocasión, las recomendaciones arancelarias provienen de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, un mecanismo legal independiente y considerado jurídicamente más sólido, aunque de ejecución más lenta.
Es importante señalar que los gravámenes no entrarán en vigor de forma inmediata. El aviso oficial establece un periodo de consulta pública y revisión técnica que abre la ventana a posibles modificaciones. El calendario indica que las objeciones por escrito se recibirán hasta el 6 de julio, mientras que un panel especializado de la Sección 301 iniciará audiencias públicas a partir del 7 de julio.
“Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones de desigualdad. Ya no toleraremos esta desigualdad”, afirmó el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
México busca frenar la medida en la revisión del T-MEC
La reacción del gobierno mexicano no se hizo esperar. La Secretaría de Economía emitió un pronunciamiento aclarando que la determinación de la USTR se encuentra en fase de propuesta y no constituye una sanción definitiva.
La dependencia federal explicó que el proceso normativo abre un espacio de discusión de 45 días, lapso en el cual la delegación mexicana presentará los argumentos técnicos e históricos para desestimar la imposición de los impuestos a la importación.
De igual forma, la Secretaría de Economía identificó que esta investigación forma parte del viraje estratégico de Washington para sustituir herramientas arancelarias que mostraron debilidad jurídica previa, tales como la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) o la Sección 122 de la ley comercial, cuyos impuestos provisionales expiran en julio próximo.
El gobierno de México manifestó su confianza en que las mesas bilaterales de negociación, programadas para las próximas semanas en el contexto de la revisión del T-MEC, sirvan para modificar el dictamen de la Casa Blanca y asegurar el libre flujo comercial en la región norteamericana.
