La dirigencia estatal de Morena en Sonora retiró de su cargo partidista a Blanca Diva Ponce Caro, quien se desempeñaba como jueza penal en funciones. La medida se tomó tras la controversia pública generada por la incompatibilidad entre sus labores dentro del Poder Judicial y su participación activa en la estructura del partido político.
Ponce Caro había sido nombrada recientemente como secretaria ejecutiva de uno de los comités seccionales de Morena en el municipio de Ciudad Obregón. Sin embargo, el nombramiento encendió críticas por parte de opositores y especialistas, quienes señalaron que la designación contravenía los principios de imparcialidad y la propia legislación local.
Renuncia irrevocable al Poder Judicial
Como consecuencia directa del escándalo, Blanca Diva Ponce Caro anunció su renuncia irrevocable al cargo de jueza oral penal del Circuito 2 en el estado de Sonora.
A través de una carta difundida en plataformas digitales, la ahora exjuzgadora argumentó que tomó la decisión de apartarse de la función jurisdiccional por voluntad propia:
“Para evitar interpretaciones o señalamientos relacionados con mi participación reciente en actividades partidistas”, expuso en el documento, donde además sostuvo que su separación busca privilegiar “el respeto a la legalidad, a la imparcialidad institucional y a la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
Este acontecimiento ha reabierto el debate en la entidad en torno a la verdadera independencia judicial y el alcance de las conductas de los servidores públicos tras la implementación de la reforma al Poder Judicial.
Incompatibilidad constitucional y baja del padrón
El núcleo de la polémica radica en la Constitución Política del Estado de Sonora, la cual establece restricciones explícitas para los miembros de la judicatura. De forma particular, el artículo 123 de la Constitución local mandata que los jueces en funciones no pueden desempeñar “ningún empleo, cargo o comisión” en ámbitos particulares o en otros órdenes gubernamentales.
Ante los cuestionamientos sobre cómo una jueza penal asumía tareas de organización territorial y movilización partidista, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena Sonora reconoció la existencia de una incompatibilidad. El partido aclaró que, si bien los comités seccionales no son posiciones de alta jerarquía ni puestos remunerados, determinaron separar a la funcionaria de dicha responsabilidad e informaron que iniciarán el procedimiento formal para darla de baja del padrón de militantes ante la autoridad electoral correspondiente.
