La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, calificó como un documento “mal hecho” y con “muchas incongruencias” el citatorio que le entregó la Fiscalía General de la República (FGR). Pese a estos señalamientos, la mandataria estatal confirmó este 25 de mayo que acudirá a rendir su declaración el próximo miércoles 27 de mayo en Ciudad Juárez, tal como lo estipula la notificación oficial recibida el pasado sábado 23 de mayo.
En un encuentro con los medios de comunicación tras concluir la mesa de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, la jefa del Ejecutivo estatal informó que su equipo legal ya se encuentra valorando jurídicamente el contenido y las formas del requerimiento federal.
“He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema. Lo que sí es cuidar el debido proceso y cuidar la presunción de inocencia”, puntualizó la gobernadora, remarcando de forma enérgica que “Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar”.
Maru Campos cuestiona fuero y acusa protección a morenistas
Más tarde, en una rueda de prensa ofrecida en la capital de la entidad, Maru Campos arremetió contra los criterios de la FGR, criticando que a su investidura no se le respete el fuero constitucional. En contraste, señaló al exgobernador y actual senador de Morena, Javier Corral Jurado, afirmando que cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado y que, a pesar de ello, se le vio en días pasados junto al senador Enrique Inzunza.
Al respecto de este encuentro y de los señalamientos que vinculan a Inzunza con el Cártel de Sinaloa, la mandataria lanzó una dura declaración:
“Dios los hace y ellos se juntan. Los malos de un lado y los buenos de otro. En este país desgraciadamente se persigue a quienes hacen su trabajo y se protege a quien está vinculados con el narcotráfico, dígase Javier Corral, dígase Rubén Rocha, dígase Inzunza”, sentenció.
Gobernaora de Chihuahua apelará al Código Nacional de Procedimientos Penales
Finalmente, Maru Campos sostuvo que las investigaciones correspondientes siguen su curso. No obstante, advirtió que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla de manera explícita la aplicación de sanciones para los casos en los que no se respete la investidura ni las garantías procesales de los funcionarios públicos en funciones.
