La Fiscalía General de la República (FGR) citó de manera formal a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, así como a otras nueve personas originarias de dicha entidad, para rendir entrevista ante el Ministerio Público de la Federación.
El requerimiento legal se da en el marco de la carpeta de investigación que la institución federal mantiene abierta, tras la divulgación de una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos, la cual vincula a los señalados con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Situación legal de los implicados
A través de un comunicado emitido este sábado 23 de mayo en sus canales oficiales, la Fiscalía Federal ratificó el citatorio para el grupo de sinaloenses. No obstante, el alcance de las comparecencias presenciales en territorio nacional se ha visto modificado debido a movimientos de los propios acusados ante la justicia norteamericana:
- Gerardo Mérida: El exsecretario de Seguridad de Sinaloa se entregó voluntariamente a las autoridades de los Estados Unidos desde el pasado 11 de mayo.
- Enrique Díaz: Reportes extraoficiales señalan que el exsecretario de Finanzas del gobierno sinaloense siguió los mismos pasos y se entregó en el país vecino.
Debido a estas entregas, las autoridades ministeriales mexicanas únicamente tendrían la posibilidad de tomar declaración a ocho de los diez imputados originales en esta etapa del proceso.
Petición estadounidense sin pruebas directas
Cabe recordar que el pasado 1 de mayo, la FGR aclaró que la solicitud formal remitida por las autoridades de los Estados Unidos correspondía únicamente a una detención provisional de las diez personas señaladas y no a un proceso formal de extradición.
En ese mismo informe, la dependencia mexicana subrayó que dicha petición por parte del gobierno estadounidense no incluyó pruebas que vincularan de manera directa a los funcionarios y ciudadanos sinaloenses con la comisión de los crímenes que se les imputan.
Apego al debido proceso
La FGR enfatizó que el desahogo de estas comparecencias forma parte integral de su plan de investigación en curso, cuyo objetivo primordial es avanzar con la máxima “seriedad y exhaustividad” para el esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, la institución del orden federal precisó que cada una de las diligencias y citaciones se ha llevado a cabo en estricta conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales, garantizando en todo momento una plena sujeción al debido proceso.
