El Senado de Filipinas se convirtió este miércoles en el escenario de ráfagas de disparos y escenas de pánico, obligando a civiles y legisladores a buscar refugio. El caos estalló ante la inminente detención de Ronald dela Rosa, senador y figura clave en la sangrienta “guerra contra las drogas” del expresidente Rodrigo Duterte, quien es requerido por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad.
Despliegue militar y ráfagas en el Legislativo
Testigos presenciales reportaron que la tensión alcanzó su punto máximo cuando más de diez militares, vestidos con uniformes de camuflaje y portando rifles de asalto, irrumpieron en las instalaciones del recinto legislativo. Aunque no se ha confirmado oficialmente el origen de las detonaciones ni si hubo víctimas, el ambiente de incertidumbre obligó a evacuar diversas áreas del edificio.
Hasta el momento, los oficiales militares no han emitido comentarios sobre la presencia de tropas de élite en el lugar, ni se ha precisado si existe personal de seguridad adicional operando dentro de las oficinas senatoriales.
Ronald dela Rosa: De la oficina legislativa a La Haya
El senador Ronald dela Rosa, de 64 años, permanece refugiado en su oficina desde el pasado lunes. A través de una transmisión en Facebook, el legislador alertó que su detención es inminente e hizo un llamado desesperado a sus seguidores para movilizarse y evitar su entrega a la justicia internacional.
“Les hago un llamado, espero que puedan ayudarme. No permitan que otro filipino sea llevado a La Haya“, declaró Dela Rosa desde su despacho.
La orden de aprehensión de la CPI, fechada en noviembre pero revelada recientemente, señala a Dela Rosa como el principal responsable de una campaña de represión que resultó en miles de asesinatos sistemáticos. Estos cargos coinciden con los que enfrenta Rodrigo Duterte, de 81 años, quien ya se encuentra en espera de juicio en los Países Bajos.
El saldo de la “guerra contra las drogas”
Durante su gestión como jefe de policía, Dela Rosa supervisó operativos donde, según cifras oficiales, murieron más de 6 mil personas. No obstante, organizaciones de derechos humanos denuncian que la cifra real es mucho mayor y acusan a las fuerzas del orden de ejecutar encubrimientos y ejecuciones extrajudiciales.
La defensa de la policía sostiene que los abatidos eran traficantes armados que opusieron resistencia, pero el avance de las investigaciones internacionales ha puesto en jaque a la cúpula del gobierno anterior, desatando una crisis política y de seguridad que hoy mantiene en vilo al Senado filipino.
