A más de un año de que la Cámara de Diputados elevara a rango constitucional el reconocimiento de los animales como seres sintientes, el marco legal que debería garantizar su protección permanece estancado. Activistas denuncian que la falta de una Ley General de Protección, Cuidado y Bienestar para los Animales mantiene en la vulnerabilidad a millones de especies, especialmente a aquellas destinadas al consumo humano.
El “congelador” legislativo y la presión industrial
Dulce Ramírez, directora de la organización Igualdad Animal, calificó como “lamentable” que más de un centenar de iniciativas sobre el tema hayan caducado en el Congreso por falta de trámite. De las 102 propuestas presentadas en la legislatura anterior, ninguna logró concretarse.
La activista sugirió que este freno legislativo podría responder a presiones de la industria cárnica, ya que la mayoría de las propuestas actuales omiten a los animales de producción pecuaria, enfocándose casi exclusivamente en animales de compañía como perros y gatos.
La nueva propuesta: Los “cinco dominios” del bienestar
Ante el vacío legal, Igualdad Animal impulsará un nuevo proyecto integral en San Lázaro a través de la bancada de Movimiento Ciudadano. Esta iniciativa busca elevar el estándar de cuidado mediante el modelo de los “cinco dominios”, que asegura el bienestar integral de los seres sintientes:
- Nutrición: Alimentación adecuada y acceso a agua.
- Ambiente: Entornos que permitan el desarrollo natural.
- Salud: Prevención de enfermedades y atención veterinaria.
- Comportamiento: Libertad para expresar conductas propias de la especie.
- Estado mental: Evitar el miedo, el distrés y promover estados positivos.
El principio “pro-animal” y la responsabilidad local
La propuesta introduce el principio pro-animal, una medida progresista que obliga a las autoridades a interpretar la ley siempre en el sentido más favorable para el animal cuando existan dudas. Además, busca distribuir la responsabilidad de vigilancia no solo al gobierno federal, sino también a estados y municipios.
Aunque la implementación de esta ley requerirá inversión presupuestal para capacitación de veterinarios e inspectores, Ramírez asegura que el costo de la omisión es mayor, pues se traduce en crisis de crueldad y maltrato sistémico en la ganadería industrial. “Nos indignan las corridas de toros, pero no que las gallinas pasen años en jaulas sin poder extender sus alas”, concluyó.
