Un problema invisible, pero creciente
En los últimos meses, se ha confirmado un fenómeno que empieza a preocupar a analistas y autoridades financieras: una parte del dinero que llega desde Estados Unidos a México no se está registrando como remesa formal, sino como transferencia nacional.
El cambio en la ruta del dinero tiene que ver con el uso creciente del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y las plataformas fintech, que permiten enviar recursos de forma rápida, pero sin cumplir con los niveles de trazabilidad y verificación que exige la regulación tradicional.
De acuerdo con estimaciones del sector financiero, hasta el 15% de las remesas podría no estar siendo contabilizado oficialmente. Es decir, el dinero llega, pero se vuelve invisible para los registros de Banxico y la CNBV.
Riesgo sistémico y pérdida de confianza
El problema no se limita a una discrepancia estadística. Detrás de este vacío existe un riesgo sistémico que debilita la capacidad del país para rastrear los flujos de dinero y cumplir con las obligaciones internacionales de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Incluso cuando las operaciones se clasifican correctamente bajo los códigos 35 o 36 —utilizados para remesas internacionales—, no existe plena trazabilidad, ya que el sistema permite enviar y recibir dinero sin verificar la identidad real de las partes.
Existen pruebas de transferencias procesadas con nombres ficticios o datos aleatorios, lo que abre un espacio que puede ser aprovechado por redes criminales para ocultar flujos ilícitos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha comenzado a poner atención en este tipo de operaciones.
El riesgo no es solo financiero: la falta de controles podría derivar en sanciones, pérdida de confianza internacional y vulnerabilidad reputacional para el sistema bancario mexicano.
Un riesgo económico y social
Las remesas representan más del 4% del PIB nacional y son el sustento de más de 10 millones de familias mexicanas. Son, además, una de las principales fuentes de divisas del país, por encima de sectores como el turismo o las exportaciones automotrices.
Por eso, la vulnerabilidad de su trazabilidad no solo es un problema financiero, sino también social y humanitario. Cada dólar que llega de los migrantes sostiene el consumo, la educación y la salud de millones de hogares.
Si ese flujo se percibe como riesgoso o se ve afectado por sanciones o bloqueos regulatorios, las consecuencias recaerían directamente sobre las familias más dependientes.
De la alerta a la acción
La buena noticia es que México tiene la capacidad institucional y técnica para corregir el problema. Banxico y la CNBV cuentan con marcos regulatorios robustos, pero requieren actualizarse al ritmo de la digitalización financiera.
Las principales propuestas que se han puesto sobre la mesa son:
- Verificación obligatoria de identidad y titularidad de cuenta.
- Garantizar que el nombre del beneficiario coincida con el titular de la cuenta receptora.
- Homologar los controles para bancos y fintechs.
- Todos los actores que dispersan remesas deben cumplir los mismos estándares de prevención y trazabilidad.
- Implementar auditorías cruzadas y monitoreo en tiempo real.
- Banxico, la CNBV y las instituciones financieras pueden coordinar mecanismos de detección temprana de operaciones irregulares.
- Mejorar el registro de operaciones internacionales.
- Actualizar los códigos SPEI y fortalecer la obligación de clasificar cada envío que provenga del extranjero.
Estas medidas no frenan los envíos, los protegen. Fortalecen la confianza internacional, garantizan transparencia y, sobre todo, defienden el esfuerzo de millones de migrantes.
Conclusión
Las remesas son una columna vertebral de la economía mexicana, pero su sistema de recepción tiene vulnerabilidades que deben atenderse ya. No se trata de alarmar, sino de actuar con responsabilidad.
