Una coalición conformada por 21 fiscales generales estatales de Estados Unidos presentó una demanda contra las restricciones impuestas por la administración del expresidente Donald Trump sobre el acceso a programas comunitarios financiados con recursos federales, dirigidos a inmigrantes sin estatus legal.
Según el documento legal, las nuevas directrices afectan programas como el preescolar Head Start, clínicas de salud comunitaria y servicios educativos para adultos. La demanda, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, indicó que el gobierno federal omitió los procedimientos normativos establecidos y no notificó adecuadamente las nuevas condiciones para el uso de fondos federales, lo cual, según la argumentación legal, ocasionaría daños considerables a los servicios sociales.
Los cambios anunciados previamente por los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Educación, Trabajo y Justicia, modificaron una política vigente desde la administración de Bill Clinton sobre el acceso a servicios sociales para inmigrantes sin documentos.
Hasta antes de esta modificación, la normativa excluía a estos programas comunitarios del control migratorio, aunque ya limitaba el acceso a beneficios individuales como cupones de alimentos y ayuda financiera universitaria. La nueva política exige la verificación de documentación migratoria para acceder a estos servicios, lo cual, según los fiscales estatales, implicaría un aumento significativo en los procedimientos administrativos y afectaría tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses de bajos ingresos.
Dentro de los argumentos presentados se menciona que programas como Head Start, que ofrece educación preescolar y atención a familias en situación vulnerable, nunca había requerido verificación de estatus migratorio. Algunos operadores de Head Start expresaron su preocupación, al considerar que carecen de personal y presupuesto para implementar controles de este tipo.
La demanda también sostuvo que, en varios casos, el costo de cumplimiento podría provocar el cierre de servicios comunitarios como clínicas escolares, líneas de atención en crisis y programas de tratamiento para adicciones.
