La empresa Chiquita Brands despide a todo su personal en Panamá después de semanas de paralización de actividades ocasionadas por protestas sociales contra una reforma al sistema público de pensiones. La compañía, a través de sus subsidiarias Chiquita Panamá LLC e Ilara Holding INC, comunicó el jueves la finalización de contratos a los 1,189 trabajadores diarios restantes, alegando razones económicas debido a las pérdidas sufridas durante la huelga. En mayo, Chiquita había notificado el despido de cerca de 5,000 empleados tras declararse ilegal la huelga, sumando pérdidas superiores a 75 millones de dólares.
La huelga se originó como una protesta laboral pero se unió a manifestaciones más amplias de sectores como construcción y educación, que rechazaban la reforma de seguridad social impulsada por el presidente José Raúl Mulino. Las protestas afectaron severamente las operaciones de Chiquita, especialmente en Bocas del Toro, zona clave para la producción bananera. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el gobierno panameño mantiene diálogo con la empresa buscando preservar hasta un 20% de la producción en el país. Las reuniones continuarán la próxima semana, con la intención de evitar el retiro total de la compañía.
El conflicto laboral se amplió con la presentación de una demanda por parte del gobierno para disolver al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), involucrado en las protestas. La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, argumentó que el sindicato incurrió en actos de extorsión, estafa y presunto lavado de activos.
La solicitud de disolución pasó a un juzgado, mientras uno de los líderes sindicales permanece asilado en la embajada de Bolivia tras órdenes de detención emitidas por la fiscalía en mayo.
