Un tribunal federal en Argentina ordenó a la expresidenta Cristina Fernández y a otras ocho personas el pago conjunto de más de 500 millones de dólares como compensación por daños ocasionados al Estado debido a irregularidades en contratos de obras públicas. La resolución judicial establece un plazo de 10 días para el depósito de la suma equivalente a 684,990 millones de pesos argentinos, que corresponde aproximadamente a 535 millones de dólares según los peritos de la Corte Suprema de Argentina.
La condena emitida en 2022 incluye una pena de seis años de prisión para Fernández, quien cumple arresto domiciliario en Buenos Aires desde junio por administración fraudulenta. Además, se le impuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La resolución judicial precisa que los condenados, entre ellos exfuncionarios y el empresario Lázaro Báez, deben acordar la modalidad de pago. En caso de incumplimiento, la justicia procederá al decomiso y remate de sus bienes embargados.
La causa involucra la adjudicación irregular de 51 licitaciones para obras viales realizadas entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La justicia argentina calculó un perjuicio económico que, actualizado a valores actuales, supera los 500 millones de dólares. Las defensas de los condenados tienen la opción de apelar la decisión hasta llegar a la Corte Suprema. El tribunal enfatizó el daño generado al erario público como consecuencia de actos de corrupción en la obra pública.
