La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda federal contra la ciudad de Los Ángeles por sus políticas migratorias, argumentando que interfieren con la aplicación de la ley federal de inmigración. El documento fue ingresado en la Corte del Distrito Central de California y señala como responsables a la alcaldesa Karen Bass, al concejo municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson. La acusación se enfoca en la ordenanza local que prohíbe el uso de recursos municipales para acciones de control migratorio por parte de agencias federales.
Según el escrito legal, la ciudad de Los Ángeles comenzó el proceso para convertir sus políticas de ciudad santuario en legislación formal después de que Trump resultó electo nuevamente en 2024. La administración federal sostiene que la ordenanza firmada en diciembre del mismo año impide que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puedan actuar en la jurisdicción municipal. La demanda también acusa a las autoridades locales de generar un entorno que obstaculiza las operaciones federales y de alentar episodios de resistencia y violencia durante los operativos.
El litigio se presenta en medio de una serie de operativos migratorios realizados en California, y semanas después del despliegue de cuatro mil soldados de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles, medida ordenada por Trump sin el aval del gobernador estatal. La ciudad aprobó su estatus de ciudad santuario meses antes, aunque mantiene desde hace décadas una política que restringe a su policía de iniciar contacto con personas solo para conocer su estatus migratorio. El gobierno federal alega que estas acciones constituyen una obstrucción a la justicia y discriminación contra las autoridades federales de migración.
