La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y que comenzó en marzo de 2022 con el objetivo de enfrentar la actividad de pandillas en el país.
La votación contó con 57 votos a favor de los 60 diputados del Congreso unicameral, donde el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados tienen mayoría. Esta nueva fase del régimen se aplicará del 6 de abril al 5 de mayo, y según las autoridades, se justifica por la persistencia de estructuras delictivas en zonas urbanas y su supuesta relación con el tráfico de drogas.
El régimen de excepción ha permitido a las fuerzas de seguridad realizar detenciones sin orden judicial, intervenir comunicaciones y extender el plazo de detención preventiva hasta por 15 días. Hasta el momento, más de 85,500 personas han sido detenidas por presunta vinculación con pandillas.
No obstante, el gobierno ha informado que al menos 8,000 personas han sido liberadas por falta de pruebas, mientras que organizaciones de derechos humanos sostienen que hasta 25,000 personas inocentes podrían estar en prisión. De acuerdo con datos oficiales, el 90% de las personas detenidas siguen en prisión preventiva sin juicio.
En el mismo contexto, el Congreso reformó el Código Penal para castigar la pertenencia a pandillas con penas de 20 a 40 años de cárcel, y hasta 60 años para cabecillas.
Por otro lado, organismos como Socorro Jurídico Humanitario reportaron 6,900 denuncias de abusos en centros penitenciarios, incluyendo muertes bajo custodia. Según esta organización, 380 personas han muerto bajo control estatal, incluyendo mujeres y menores de edad. El gobierno salvadoreño reportó que en 2024 se registraron 114 homicidios, lo que representó un descenso frente a años anteriores.
