El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentó una propuesta para requerir los nombres de usuario en redes sociales a quienes soliciten beneficios migratorios como residencia permanente, ciudadanía o asilo.
La medida forma parte de la implementación de una orden ejecutiva emitida durante el gobierno de Donald Trump, enfocada en uniformar los estándares de investigación y verificar antecedentes por motivos de seguridad nacional. El aviso fue emitido el 5 de marzo y permanecerá abierto a consulta pública hasta el 5 de mayo.
La propuesta implicaría una expansión del monitoreo a personas que ya se encuentran legalmente en territorio estadounidense y que han pasado por evaluaciones previas, como solicitantes de asilo o de ciudadanía.
Aunque desde 2019 se solicita información de redes sociales a quienes piden visas, esta medida ampliaría el alcance a casi todas las categorías de trámites migratorios. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) estimó que esta modificación podría aplicarse a aproximadamente 3.6 millones de personas.
Diversos grupos defensores de derechos civiles han expresado inquietud por el uso de redes sociales como criterio en decisiones migratorias, señalando posibles efectos sobre la libertad de expresión.
Además, expertos advirtieron sobre las limitaciones de las herramientas de inteligencia artificial que se utilizan para examinar perfiles, las cuales podrían generar interpretaciones erróneas o incompletas. Desde 2014, bajo el gobierno de Barack Obama, Estados Unidos comenzó a utilizar redes sociales en procesos de evaluación migratoria, práctica que se intensificó a partir de 2017 con nuevas directrices del Departamento de Estado.
