La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha iniciado un proceso de baja temporal obligatoria para la mayoría de sus empleados en Washington y en el extranjero.
Este movimiento se produce en el marco de un plan del gobierno de Donald Trump que reduciría el personal de miles de trabajadores a menos de 300. Según fuentes anónimas dentro del organismo, la medida afecta a empleados directos y contratistas, así como a personal local en otros países, mientras se revisan los programas que se mantendrán operativos.
Los empleados en el extranjero han recibido instrucciones para regresar a Estados Unidos en un plazo de 30 días, con gastos cubiertos por el gobierno. Aquellos que permanezcan más tiempo deberán asumir sus propios costos, a menos que obtengan una exención. La incertidumbre persiste sobre si esta reducción será temporal o permanente.
Mientras tanto, el secretario de Estado confirmó que la ayuda internacional continuará, pero con un enfoque en los intereses nacionales.
Por otro lado, organizaciones sindicales han presentado demandas argumentando que estas medidas son ilegales, al no contar con el aval del Congreso. Los demandantes buscan la reapertura de las oficinas, la restitución de los fondos y el regreso de los empleados a sus funciones.
Esta situación se enmarca en un proceso de revisión liderado por la administración, con el objetivo de reducir presupuestos y eliminar la independencia de la USAID.
