Un grupo de migrantes que recorrió el sur de México en caravana fue trasladado a Acapulco, Guerrero, bajo la promesa de recibir permisos para transitar legalmente por el país. Sin embargo, las autoridades les otorgaron documentos que sólo les permiten permanecer en Guerrero, un estado con limitadas oportunidades laborales y altos índices de violencia.
Ante esta situación, muchos de ellos permanecen varados en la ciudad, durmiendo en las calles o en albergues improvisados, sin recursos para continuar su viaje.
La estrategia migratoria del gobierno mexicano, que busca descongestionar el sur del país y dispersar a los migrantes, ha sido criticada por organizaciones civiles.
En Acapulco, esta política ha dejado a los migrantes en condiciones precarias, mientras enfrentan las consecuencias del huracán Otis y una creciente violencia en la región. Aunque algunos lograron pagar transporte hacia otras ciudades, muchos no tienen medios para avanzar hacia el norte.
Mientras el gobierno federal asegura priorizar un enfoque humanitario, la realidad para los migrantes refleja una falta de apoyo integral. Sacerdotes locales y voluntarios han brindado ayuda básica, pero la incertidumbre y la inseguridad persisten. Los migrantes, como otros afectados por la crisis en Acapulco, enfrentan desafíos para encontrar trabajo y garantizar su seguridad.
