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El presidente argentino Javier Milei, conocido por sus posturas ultraliberales, ha emitido un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que deroga más de 300 regulaciones estatales.
Este decreto, presentado como una medida para reducir la “intromisión” del Estado en la vida cotidiana y revitalizar la economía argentina, afecta áreas como el trabajo, la salud, el consumo, la renta de viviendas, el turismo, las comunicaciones y hasta el fútbol.
Con esta acción, Milei busca un cambio significativo en un país caracterizado por un fuerte intervencionismo estatal.
¿Qué es un Decreto de Necesidad y Urgencia?
El DNU es una facultad del Poder Ejecutivo para emitir disposiciones legislativas en situaciones excepcionales.
El gobierno de Milei justifica este decreto por la severidad de la crisis económica del país, alegando que no se pueden demorar las decisiones mientras se espera el proceso legislativo ordinario.
Entre las regulaciones afectadas se encuentran cambios laborales que desafían el poder de los sindicatos, modificaciones en las leyes de alquiler y salud, liberalización de los mercados aeronáutico y de telecomunicaciones, y la eliminación de controles de precios en un contexto de alta inflación.
Aunque el decreto ya está en vigor, requiere la convalidación del Congreso argentino. Los legisladores tienen la opción de aceptar o rechazar el decreto, pero no pueden modificarlo.
El éxito de la ratificación dependerá de la capacidad del partido gobernante, Libertad Avanza, para negociar votos en el Parlamento, donde es la tercera fuerza. Mientras tanto, el decreto debe ser acatado, a menos que la justicia decida suspenderlo.
La constitucionalidad del DNU ha sido cuestionada por varios expertos, quienes argumentan que avanza sobre las facultades del Congreso y que muchas de las disposiciones no se justifican en un contexto de “circunstancias excepcionales”.
Federico Sturzenegger, asesor del presidente y considerado el arquitecto del decreto, defiende la necesidad de enviar una señal clara de un cambio de dirección en Argentina. Se espera que sindicatos y ciudadanos particulares presenten recursos legales para impugnar el decreto.
Con información de AP
